Por Eva Fontdevila
Apenas iniciada la campaña electoral en Tucumán comenzó a circular un spot audiovisual de Ricardo Bussi, referente de Fuerza Republicana, partido provincial que reivindica la dictadura cívico militar y que este año apoya a Javier Milei como candidato a presidente de la Nación.
En la publicidad Bussi camina hacia una mesa mientras se alternan imágenes de robos violentos en la calle, supuestamente en nuestra provincia. Cuando llega a la mesa, toma protectores de oídos, unas antiparras trasparentares y un arma. Dispara contra un blanco. Y el mensaje aparece: según este candidato, contra la inseguridad la solución es que todos y todas portemos (y usemos) armas de fuego.
“Creo que la propuesta de Bussi cobra sentido en un contexto electoral, en donde el tema de la seguridad siempre es un tema de disputa de poder y sobre todo profundamente demagógico, en donde cae en sloganes vacíos de sentido”, reflexiona Fernanda Marchese, pedagoga, docente y referente de ANDHES, Abogadas y abogados en derechos económicos y estudios sociales.
Y profundiza la reflexión: “Me parece importante generar reflexiones profundas a partir de lo que quiere decir. Y creo que hay dos planos para analizar. Uno que es el lado más simbólico y comunicacional de lo que pretende y otro el plano más político, o sea, qué propone como política pública. En el plano de lo simbólico, ese spot de Bussi es una incitación a la violencia, a la justicia por mano propia y eso atenta directamente contra el estado de derecho, que funciona con el monopolio de la fuerza física en las fuerzas de seguridad y con el Poder Judicial. Entonces no solamente atenta contra el estado de derecho sino que también esa propuesta directamente desacredita a la institución policial, desprestigia al Poder Judicial, como algo que no funciona, como algo ineficaz, como algo que no está bien. Hay una desprotección total, hay una vulneración, si se quiere, a los derechos de protección de la niñez y de la adolescencia en esa incitación a la violencia. Me parece que está bueno pensar en ese grupo con derechos específicos”.
Sobre las implicancias en el plano político, Marchese agrega: “Hay que interpelar a Bussi sobre qué implica eso, o a qué se refiere con inseguridad, ¿quién podría portar armas? ¿seguridad para quién?, ¿inseguridad para quién? Él claramente está estableciendo un nosotros y unos otros, el otro, desde estos discursos negacionistas, siempre es la eliminación del otro, el otro como diferente es la eliminación. Y bueno, me parece que es válido preguntarse qué es la inseguridad para Bussi y cómo se administraría esa inseguridad.
Ante esas preguntas profundas y necesarias, la pedagoga insiste sobre la construcción discursiva de este candidato: “Bussi por supuesto que reduce el tema de la seguridad solamente a un tipo de conflicto, al delito que encima tiene que ver con la propiedad privada. Seguro que nos está hablando del delito de la propiedad privada… ¡qué problema cuando un Estado propone políticas de seguridad que resguardan solamente un tipo de derecho! Entonces, Bussi está proponiendo casi la eliminación del Estado. Es como la explosión del Estado en sí mismo. Por esto que decíamos, atenta directamente al estado de derecho. Y reducir la seguridad solamente a un problema de delito contra la propiedad privada puede ser muy problemático porque desde antes entendemos que la seguridad se administra, se gestiona, se diseña, se planifica, sobre todo en políticas de prevención, no solamente una política de seguridad que reacciona ante el delito ya cometido y que las respuestas son más violencia, sino una política de seguridad que previene, que ataca las causas de ese delito. A eso nos referimos con seguridad democrática, o sea no es solamente un principio, no es utopía pura esto de la seguridad, sino son políticas concretas que se deben diseñar de manera integral atendiendo sobre todo a la prevención, atendiendo a por supuesto a una respuesta policial más eficaz, más eficiente, transparente, a una policía formada, capacitada en el uso racional y legal de la fuerza, que es la función y la misión social que tienen, y una política de seguridad que respete las garantías constitucionales, las libertades, pero a la vez que se articule con políticas sociales que atiendan las cuestiones de igualdad y de desigualdad y de conflictividad social, o sea, cómo resolvemos nuestros conflictos de manera más pacífica reconstituyendo ese lazo social y no generando más violencia. A eso en síntesis nos referimos con seguridad democrática, una seguridad democrática que atienda la integralidad de los derechos, o sea, un Estado es más seguro cuando toda la población, todas las personas acceden a derechos básicamente”.
La propuesta de Bussi para llevar a la gobernación de Tucumán en caso de ganar las elecciones, además de la facilitación del acceso a las armas por parte de la población civil es habilitar los discursos de su compañero a nivel nacional, Javier Milei, un candidato que día tras día en la campaña electoral plantea nuevas líneas de política que avasallan derechos fundamentales: desde la posibilidad de comprar y vender órganos hasta la mismísima comercialización de niños y niñas. En tiempos en que se despliegan y consolidan paradigmas de protección de derechos, los posicionamientos de Milei y Bussi pregonan exactamente lo contrario.
En el ámbito educativo, específicamente, Milei anunció su voluntad de terminar con la educación obligatoria y aplicar un sistema de “vouchers” que los individuos puedan cambiar por servicios educativos. Toda la retórica y el contenido de estas ideas contraviene la universalización de los derechos y la protección pública de los sectores vulnerables. Al respecto, Fernanda Marchese sostiene que “No son propuestas novedosas. Él sí juega mucho con esos golpes de efectos y frases que impactan. Creo que es parte de su campaña y de su personaje. Pero son políticas que en el país se han implementado parcial o completamente en los años 90s, con la hegemonía neoliberal y lo que fue la reforma educativa, sobre todo con la Ley Federal y con la Ley de Transferencia Educativa, en donde el objetivo último y final tenía que ver con reducir el gasto público en materia educativa. Ese es el fin: atentar contra la obligatoriedad no implica la libertad como él por ahí lo quiere hacer sonar; es en verdad la obligatoriedad del Estado para garantizar ese derecho a la educación. Digo, hay un doble juego ahí, si es un derecho concebido, encima escrito desde 1800 en nuestro país, una historia, eso no puede ser regresivo, o sea, no hay una política de progresividad en los derechos y tiene que ver con un Estado garante de esa educación pública, un estado docente. Entonces acá están en juego no solamente las libertades sino el rol del Estado, qué queremos, qué tipo de Estado está concibiendo o proponiendo Milei. Entonces esto sin duda va a tener consecuencias gravísimas en los sectores más vulnerabilizados, o sea, no se va a educar o no va a ingresar al sistema educativo quien quiere por como lo dice Milei en relación a su libertad, sino quien puede. Y acá es un Estado que está institucionalizando y legitimando una política puramente meritocrática, o sea que va en contra de nuestros principios de solidaridad, colaboración y de constitución de lazos sociales, de inclusión social y en contra de derechos humanos básicos, porque no hay que olvidar que el derecho a la educación es un derecho llave, que me permite acceder a otros derechos en esta concepción de la integralidad de los derechos y de su indivisibilidad. Entonces, con esta propuesta Milei está atacando a todo el plexo normativo si se quiere, y está proponiendo un Estado que no se hace cargo de garantizar derechos.