Por Emanuel Gall
Dos casos de estudiantes armados en escuelas de la provincia conmovieron a los tucumanos esta semana. El martes al mediodía se registró un hecho alarmante en la Escuela Técnica Nº 1 de Monteros cuando un alumno amenazó con un arma de fuego a dos compañeras. El arma era de aire comprimido y estaba descargada. Las autoridades escolares realizaron la denuncia y la Fiscalía correspondiente inició una investigación al respecto. El miércoles se registró un segundo caso cuando otro alumno llevó en su mochila un arma de fuego a la institución a la que concurre y se la mostró a sus compañeros. El episodio ocurrió en la Escuela Superior de Educación Artística (ESEA). De inmediato, las autoridades del establecimiento educativo llamaron a la Policía y al Ministerio de Educación de la provincia.
Ante estos hechos el ministro de Educación de Tucumán, Juan Pablo Lichtmajer, expresó que: “Vamos a ser inflexibles con sanciones acordes y ejemplares ante los hechos de esta magnitud. Los alumnos implicados van a ser expulsados de la institución ante esta grave falta. Los alumnos tienen que tener en claro que toda acción tiene consecuencias”.
Luego agregó que: “Esto es un importante llamado de atención. Es un trabajo en el que tiene que estar comprometida toda la sociedad conjunta para erradicar los discursos de odio y violencia”.
De todos modos el problema es complejo y llega también a la educación superior. El viernes de la semana pasada por la noche, un joven amenazó a sus compañeros con disparar un arma en una de las aulas de la Quinta Agronómica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Se trata de una problemática que excede la voluntad por impugnarlos con argumentos morales. Los casos ocurridos generaron mucho impacto emocional y una parte de la sociedad salió a reclamar medidas “antes de que sea demasiado tarde”. Se leen y escuchan testimonios de padres pidiendo que “los funcionarios tienen que tomar medidas urgentes y revisar de fondo qué es lo que está sucediendo en las escuelas de nuestra provincia”. ¿Pero cuáles serían esas medidas?, ¿Expulsar a los estudiantes que llevaron armas?, no suena ni eficaz ni atento a la protección del Derecho a la Educación de los niños, niñas y adolescentes.
La respuesta debe ser institucional a través de políticas educativas concretas que surjan de un diagnóstico comprensivo de la problemática que se quiere abordar.
Consultado sobre el modo de intervenir en estos casos, Federico Moeykens, juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes del Colegio de Jueces y miembro del Espacio Iberoamericano de Prácticas Restaurativas de la F.A.M. explicó en una nota con el diario La Gaceta que “cuando estamos frente a un adolescente de 13 años, sospechado de haber llevado un arma al colegio, desde la Justicia se le da intervención al Centro de Admisión y Derivación (CAD) -dependiente de la Subdirección de la Adolescencia en Conflicto con la Ley – DINAyF- para que desde allí se lo aborde psicológica y socialmente y se hagan las derivaciones proteccionales correspondientes”.
El juez consideró que en estos casos se deben buscar modos alternativos de abordajes para resolver los conflictos de fondo y sugirió que los adultos “no se queden de brazos cruzados a la espera de que el adolescente cumpla la edad de punibilidad para recién intervenir, porque allí ya es tarde”. Hay que observar cada caso con atención, generar espacios conversacionales con el adolescente para que pueda comprender que generó un peligro llevando un arma al colegio. Hay un desafío educativo a transitar y tiene que ver con generar espacios de diálogo para que el adolescente logre entender el peligro de portar un arma, y que su acción “pudo perjudicar a la comunidad o a una víctima en particular”.
Federico Moeykens señaló que “el gran desafío que tenemos por delante con adolescentes punibles y no punibles es lograr que tomen la palabra y puedan expresar para entender qué paso por su mente cuando hicieron lo que pretendemos reprocharles. Se trata de que verbalicen lo que sucedió, qué les pasó, cuáles eran sus condiciones de vida y cuáles sus necesidades e intereses”.
Además puso énfasis en la importancia de escuchar a las víctimas de los hechos, toda la comunidad educativa que quedó comprendida en el conflicto debe ser oída.
La Licenciada en Psicopedagogía y directora de “Libres de Bullying”, María Zysman explicó que “el bullying actúa como un desencadenante o algo que enciende la llama de algo que está previamente, porque no se pudo resolver de otra manera. El acceso a las armas expresa la dificultad para encontrar palabras en lugar de pasar a ese acto”, destacó.
Zysman agregó que: “Cuando un estudiante hace algo así es porque no encontró otra manera de poner en algún lado lo que le está pasando. Entonces, el bullying muchas veces es precipitador de situaciones violentas hacia afuera o hacia adentro”.
Mientras tanto personajes como el legislador Ricardo Bussi vienen expresando en varias oportunidades que desde su espacio político “estamos a favor de la portación libre y legal de armas”, mientras protagoniza una campaña electoral basada en la lucha contra la inseguridad en Tucumán y aportando más confusión que soluciones reales.
Según Bussi, debe discutirse la posibilidad de que la gente esté armada. “Hay que avanzar en la posibilidad de que los vecinos vuelvan a armarse, porque han sido engañados muchas veces con programas de desarme y la delincuencia ha avanzado. Lo que proponemos es hacer un golpe de timón y tender a que haya libre y legal portación de armas”, planteó con una irresponsabilidad alarmante.
A su vez Javier Milei en plena campaña en su plataforma electoral propone que en materia de seguridad, “eliminará las cláusulas garantistas” y facilitará el acceso a las armas en la población aplicando una “doctrina de Seguridad Nacional” (tal como la concebían los militares de la última dictadura). Además, plantea bajar la edad de imputabilidad y construir cárceles con un sistema de administración público-privado.
Se trata de un vínculo discursivo falaz que relaciona la portación de armas con la resolución de los conflictos sociales y con la superación de la inseguridad. Varios estudios demuestran que la portación de armas agrava el riesgo de delitos dolosos. La presencia de más armas en manos de civiles aumenta la probabilidad de accidentes, suicidios, uso de armas en casos de violencia de género, enfrentamientos callejeros y situaciones violentas en general.
Según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, entre 2017 y 2020, el 24% por ciento de los femicidios ocurrieron con uso de armas de fuego. En tanto, el Archivo Anual de la Correpi aporta otro dato significativo: el 95% de los femicidios protagonizados por agentes de las fuerzas de seguridad ocurren con el uso de las armas reglamentarias fuera de servicio.
En Argentina la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) informó que a nivel nacional, el total de Credenciales de Legítimo Usuario de Armas vigente es de 267.946. De esos permisos, 259.281 (96,7%) son varones; 8.660 (3,2%) mujeres; y 5 (0,001%) no se identifican con ninguno de los antes mencionados. La cifra de legítimos usuarios es marcadamente inferior al 1.088.512 registrados en 2021, diferencia que se explica por un alto porcentaje de crendenciales que fueron dadas de baja en el último año o que están en proceso de notificación para actualizar la regularización.
Desde su puesta en funcionamiento, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego recibió 200 mil armas de fuego y más de 2 millones de municiones. Desde diciembre de 2019 la Anmac recibió más de 35.000 armas de fuego, casi 70.000 municiones, y destruyó más de 55.000 armas de fuego y más de 10 toneladas de municiones, superando las metas establecidas por Argentina en la Agenda 2030 de la ONU. Sin embargo, la disminución de la recepción de armas en el programa es marcada si se observa a lo largo de las cuatro gestiones que transcurrieron: 108.028 (2007-2010) 67.650 (2011-2015) 30.076 (2016-2019) 3.260 (2020-2022).
Recordamos que el Código Penal castiga con condenas de 1 a 4 años de prisión a quienes utilicen armas de fuego sin debida autorización.